A finales de este mes de enero se cumplirán 41 años de la semana más larga y virulenta de la Transición, que culminó con el repugnante asesinato de los abogados de la calle Atocha por pistoleros de la extrema derecha. Seis meses antes había caído el primer gobierno tras la muerte del dictador dirigido por Carlos Arias Navarro, conocido como “el carnicero de Málaga” por la represión que llevó a cabo tras ocupar dicha ciudad, y continuador fiel del régimen franquista.  

En 1966 CCOO había comenzado a abrir despachos (el primero en la calle Cruz al que siguieron otros en la calle Españoleto o el mismo de la calle Atocha) en el que los abogados del sindicato (muchos también militantes del PCE) asesoraban a trabajadores en cuestiones laborales (despidos, salarios, vacaciones, etc…). Poco a poco esa labor se fue ampliando para dar asistencia al naciente movimiento vecinal que surgía en el Estado Español y, en concreto, en Madrid, en barrios obreros como Vallecas o Palomeras. Los abogados laboralistas se convirtieron así también en abogados del barrio, de los vecinos.

Aparato del Estado y extrema derecha, dos caras de una misma moneda

El 23 de enero, en el marco de una manifestación prohibida por el Ministro del Interior Rodolfo Martín Villa, recientemente condecorado por el Congreso de los Diputados, a favor de la amnistía de los presos políticos, un estudiante de tan sólo 19 años, Arturo Ruiz, moría por un disparo por la espalda de militantes de extrema derecha que acudieron a reventar la manifestación. Ante la creciente indignación de los manifestantes, la policía responde cargando contra los mismos mientras deja escapar a los asesinos de Arturo. La policía intentó salvar de la quema a los pistoleros de la extrema derecha, acusando a los manifestantes de haber provocado los disturbios. Sin embargo, pocas horas después, la misma policía se vio obligada a corroborar que los asesinos de Arturo habían sido un grupo de pistoleros de la organización ultraderechista Cristo Rey. Su asesino, Jorge Cesarsky Goldstein, pasó únicamente un año en prisión, al beneficiarse de la Ley de Amnistía que se reivindicaba en la manifestación en la que participaba Arturo.

Al día siguiente, el 24 de enero, se convocaron paros universitarios en todo el estado, que tuvieron especial repercusión en las universidades madrileñas. En la manifestación en Madrid de repulsa ante el asesinato de Arturo Ruíz, otra estudiante, Mari Luz Nájera, muere a causa del impacto en la cabeza de un bote de humo disparado por la policía

Tan sólo unas horas más tarde se produce la matanza de la calle Atocha donde son asesinados 5 militantes vinculados al PCE y CCOO y resultan heridos otros 4. Los pistoleros responsables de la matanza, del entorno de Falange y la Triple A, buscaban asesinar al dirigente de CCOO del transporte de Madrid Joaquín Navarro, a la cabeza en ese momento de una huelga del transporte privado en Madrid que se saldaba con una importante victoria de los trabajadores. Cuando los pistoleros acceden al despacho de abogados en el que se celebraba una reunión de sindicalistas del transporte, ya pasadas las diez y media de la noche, éstos ya habían salido, y en su interior solo se encontraban 7 abogados laboralistas de CCOO (Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides y Javier Sauquillo, que resultaron asesinados y Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos Pardo y Dolores González Ruiz, que fueron gravemente heridos), así como un estudiante de derecho en prácticas, Serafín Holgado y un administrativo, Ángel Rodríguez Leal, ambos también asesinados.

Tras la matanza, se vinculó a sectores de las altas esferas cercanos al régimen franquista con el atentado, implicando Francisco Albadalejo Corredera –secretario del Sindicato Vertical del transporte en Madrid– como autor intelectual de los hechos, además de a los 3 pistoleros (José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada), y a 2 excombatientes de la División Azul que les facilitaron las armas.

Cuando se pudo “tomar el cielo por asalto”

Sin embargo, el juicio demostró perfectamente la podredumbre judicial del franquismo que continuaba tras la muerte del dictador ya en plena transición “democrática”. El primer juez que instruyó el caso (el franquista Rafael Gómez Chaparro) se negó a investigar más allá de los inculpados inicialmente, pese a que todos los indicios señalaban directamente a la cúpula del partido ultraderechista Fuerza Nueva como responsables de la matanza. Incluso el juez llegó a conceder un permiso antes del juicio a uno de los asesinos, Lerdo de Tejada (muy cercano al fundador de Fuerza Nueva Blas Piñar), que escapó y aún hoy día sigue en paradero desconocido.

Pese a la matanza, lo que consiguieron los asesinos fue bien distinto de lo esperado. El día 26 el entierro se convirtió en la manifestación más multitudinaria desde la muerte del dictador congregándose en Madrid más de 100.000 personas, acudiendo los principales dirigentes y miles de militantes de un PCE y unas CCOO aún ilegales y clandestinas. El gobierno de Suárez se vio incapaz de controlar la seguridad de la manifestación teniendo finalmente que confiar la seguridad de la misma al servicio de orden del PCE, lo que daba una muestra de la enorme fuerza adquirida tanto por el PCE como por CCOO, y el potencial que existió en ese momento para transformar completamente la situación. Los días posteriores al sepelio se produjeron movilizaciones y paros por todo el estado, cerca de 300.000 personas pararon en Madrid, 280.000 en el País Vasco, 35.000 en Valladolid, 60.000 en Asturias o más de 65.000 en Andalucía, a pesar de los intentos de la dirección del PCE por frenar este movimiento de lucha lleno de rabia e indignación

Finalmente la dirección del PCE recondujo la situación pactando con la burguesía, el Rey y los sectores moderados del régimen, imponiendo una “Transición democrática” que frustraba las auténticas aspiraciones de cambio de todos aquellos que habían tumbado en las calles la dictadura franquista. El periódico burgués La Vanguardia así lo señalaba con claridad el 28 de enero de 1977, tan solo 4 días después de la matanza de los abogados laboralistas: “Los partidos políticos de la izquierda han dado muestras de una sensatez que hace pocos meses parecía imposible. Concretamente, esta mañana se ha restablecido la normalidad laboral en el cinturón industrial de Madrid”. Unos meses después el PCE era legalizado tras aceptar la Monarquía, la “unidad de España” y tras renunciar a las aspiraciones revolucionarias de aquellos cientos de miles que lucharon y luchaban en sus filas.